Aunque el mercado todavía acusa el impacto combinado de la pandemia en un contexto inédito a nivel global y los desafíos propios de la coyuntura local, las expectativas de reactivación comienzan a aparecer. 

En medio de una pandemia global en la que el contacto interpersonal se ve imposibilitado o al menos limitado por el riesgo de propagación del Covid-19, varios sectores se vieron en la obligación de cerrar o ralentizar sus operaciones, entre ellos el desarrollista, la construcción y el inmobiliario. 

Desde el 1 de julio toda la provincia de Córdoba (incluida la ciudad Capital) ingresó en la etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio: la prioridad es garantizar las normas sanitarias en toda actividad que se ponga en marcha en el marco de la nueva normalidad, pero ya no habría aislamiento obligatorio (salvo que hubiera rebrotes que lo ameriten). Progresivamente se sumarán flexibilizaciones y la Provincia, en conjunto con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), será la encargada de  disponerlas. Cabe destacar que las actividades que fueron autorizadas por el decreto nacional para las provincias que ingresaron a la nueva modalidad ya venían reactivándose en Córdoba, en especial en el interior. 

Situación en la construcción

La construcción estuvo entre las actividades que sufrieron el impacto de la pandemia (si bien con matices) en Córdoba. Un reciente análisis del Foro Económico de la Construcción destaca que en obra pública no hubo un freno a consecuencia del aislamiento social obligatorio (la actividad siempre estuvo exceptuada), sino como consecuencia de la escasez de fondos públicos. 

En cambio, en el segmento de obra privada desarrollista el freno sí se produjo por el aislamiento social obligatorio. La actividad fue habilitada desde fines de mayo y recién en las próximas semanas se podrá evaluar su ritmo de recuperación, condicionado por el bajo nivel de ventas de inmuebles (que alcanzó en abril su mínimo histórico). 

El mismo freno se dio en la construcción particular, aunque podría comenzar a rebotar en la medida en que la brecha cambiaria (dólares no oficiales con cotización por encima de la oficial) estimule a los pequeños ahorristas a vender sus dólares para construir. La actividad de la construcción aún no repunta: las estadísticas muestran que la minería (proveedora del sector construcción), cayó prácticamente a cero desde la irrupción del Covid-19 y hasta principios de junio no había logrado recuperarse. 

Volver a empezar

Con las nuevas disposiciones del COE y la flexibilización de la cuarentena, las obras privadas volvieron a reactivarse en todo el territorio provincial, bajo el paraguas de las limitaciones de la coyuntura y con diferentes exigencias según municipios y regiones. El protocolo general establece un máximo de cinco trabajadores por obra, mientras que en la Capital la cantidad permitida son cinco cada 100 metros cuadrados y uno cada 25 metros cuadrados, con un máximo total de 30 obreros.

Aunque la caída de ingresos de clase media y la incertidumbre económica no permiten avizorar una recuperación rápida, las expectativas pueden reposicionarse de la mano de la inversión pública: en el marco de la política habitacional planteada por el Gobierno Nacional se pondrá en marcha la primera fase del programa federal “Argentina construye”, enfocado en la emergencia y déficit habitacional que se profundizó en el actual confinamiento producto de la pandemia. Hay chances de que esta política logre reactivar la industria de la construcción en general, ya que el programa dinamiza tanto la obra pública como la privada y pone en movimiento a los rubros afines. 

También existen expectativas respecto a la normativa presentada recientemente por la Comisión Nacional de Valores (CNV), los instrumentos de inversión colectiva, un mecanismo que procura imitar las inversiones desde el pozo (como sucede hace años en la Argentina, pero ahora con una herramienta institucionalizada).

La situación inmobiliaria

El mercado de alquileres resultó afectado por la pandemia y por el DNU 320/20, que estableció la bancarización obligatoria y las prórrogas de contratos y pagos. Mientras avanzan las flexibilizaciones, la vuelta a clases presenciales de la educación superior aún no tiene fecha, familias de estudiantes que vienen desde el interior de la provincia o de otros lugares comenzaron a rescindir en junio los contratos de alquiler para volver a sus casas, comportamiento que fue confirmado oportunamente por Martín Dahan, miembro de la comisión directiva de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de Córdoba. “Se ve la intención de rescindir contratos por parte de estudiantes del interior que ya ven el año que está perdido o que no ven un comienzo de clases; a quien las toma  de forma virtual le da lo mismo hacerlo en la ciudad de Córdoba que en el interior de donde provienen”. La tendencia a rescindir contratos se reforzó al habilitarse la posibilidad de hacer mudanzas y dejar los departamentos en condiciones. 

Por su parte, el Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba realizó, entre el 13 y 16 de junio, un relevamiento entre 308 corredores públicos inmobiliarios (CPI) de toda la provincia. En promedio, el 82,61 por ciento de los inquilinos de viviendas abonaron el alquiler en junio; el 12,36 por ciento no pudo pagar y un 5 por ciento hizo pagos parciales. 

Al escenario poco alentador por precio y rentabilidad para quien cede en alquiler una vivienda de su propiedad se suma la reciente sanción de la nueva ley de alquileres: el aumento del riesgo para el propietario podría provocar una reducción de la oferta de viviendas en alquiler, según referentes del sector. 

Señales alentadoras

En sentido positivo, a nivel sectorial se insinúan algunas señales de reactivación. En algunas plazas clave se retomó la actividad: en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, por ejemplo, se autorizaron las visitas presenciales a inmuebles desocupados en función del cumplimiento de un protocolo. 

Un reciente informe del Observatorio Inmobiliario de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi) arrojó que en mayo el 21 por ciento de los consultados pudo concretar alguna operación de alquiler, lo que representa un aumento significativo en términos relativos respecto al mes anterior (9 por ciento). En cuanto al pago de alquileres por parte de los inquilinos, poco más de la mitad (52 por ciento) pudo abonar la totalidad de la renta, mientras que el resto realizó pagos parciales. Se mantiene la modalidad del pago vía transferencia bancaria (en mayo alcanzó al 40 por ciento del total). Se registró una suba mayor al 10 por ciento en el cumplimiento del pago de alquileres y se sostuvo el nivel de cobro por transferencia, lo que indica que la liberación parcial de la actividad facilitó el cumplimiento de esa obligación a los locatarios con circulación.  

“La construcción particular podría comenzar a rebotar en la medida en que la brecha cambiaria estimule a los pequeños ahorristas a vender sus dólares para construir”, Foro Económico de la Construcción.  

Un tercio, ya activo

Según un relevamiento de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco),  entre sus socios, el 34 por ciento de las obras con contrato vigente continúa su desarrollo normal; el 22 por ciento sigue frenado y el 21  por ciento demorado por causas ajenas a la empresa. En general, el pulso de la construcción sigue débil; a futuro, el 21 por ciento de las constructoras cree que la situación mejorará, el 29 por ciento cree que se mantendrá la situación y el 31 por ciento que la actividad disminuirá. 

“Estamos volviendo a la normalidad, la continuación y finalización de las obras. Volvimos a trabajar y se nota la reactivación del sector en la mayor parte de la provincia”, Daniel Ricci, presidente del Colegio de Arquitectos.